Son actividades científicas y tecnológicas las que cumplan investigaciones científicas y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información; las que cumplan difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología; las de servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología, a la homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; proyectos de innovación con incorporación, creación, generación, apropiación y adaptación de tecnología, así como el apoyo a incubadoras de empresas, parques tecnológicos y empresas de base tecnológica; la transferencia de tecnología que comprenda la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras; la cooperación científica y tecnológica nacional e internacional; la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica; la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología.

El arrendamiento es un contrato por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a prestar un servicio, y la otra a pagar un precio determinado. El pago periódico se denomina Canon o Renta.

Este contrato tiene por objeto dar en préstamo de uso bienes muebles o inmuebles, a título gratuito y por un tiempo determinado.

Tiene por objeto la adquisición por parte de la entidad contratante del bien o bienes que requiera para sus servicios, con obligación del contratista de suministrar mantenimiento y repuestos cuando sea el caso, durante el término de garantía sin costo adicional y por el período de su vida útil. Si el Estado fuere a vender, lo hará con avalúo oficial y por adjudicación previa pública subasta.

Tiene por objeto la adquisición o venta por parte de la entidad estatal de un bien o bienes inmuebles, avaluados oficialmente.

Son aquellos que se otorgan a una Persona llamada Concesionaria, para que por su cuenta y riesgo, con ocupación de bienes públicos o sin ello, ejecute la prestación, operación, explotación, organización y gestión de un servicio público, bajo la vigilancia y control de la Entidad Concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tasas, tarifas, valorización o participación periódica que se le pueda cobrar a los Usuarios en la explotación del bien o servicio o en cualquier otra modalidad de contraprestación que se acuerde. Son Contratos Especiales de Concesión, los Servicios Postales de Correo y Mensajería Especializada, de Telecomunicaciones, Telefonía y Radiodifusión.

Se refieren a estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión; estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos y de actividades científicas o tecnológicas; asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión; la asesoría; la gerencia de obra o de proyectos; la dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos; la interventoría. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada por concurso con una empresa independiente de la entidad contratante y del contratista.

Se llama “Corredor” al comerciante que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación.

Mediante la Donación una persona capaz transfiere, gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a cualquiera de las entidades públicas. Procede la donación entre entidades públicas pero no del Estado a particulares.

Es un negocio jurídico por el cual una entidad estatal Fiduciante o Fideicomitente, contrata la administración de bienes o recursos a una Compañía Fiduciaria autorizada por la Superintendencia Bancaria para cumplir una finalidad determinada por la entidad estatal constituyente en provecho de éste o de un tercero llamado Beneficiario o Fideicomisario. La fiducia pública o encargo fiduciario nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales ni constituirá patrimonio autónomo de la respectiva entidad oficial, y en ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar a la fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a sus rendimientos, salvo que estén presupuestados.