Consejo de Seguridad para evaluar alerta temprana

Un Consejo de Seguridad con el propósito de evaluar e implementar las recomendaciones que hiciera la Defensoría del Pueblo durante la socialización de la alerta temprana, anunció el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Quienes hemos vivido en Cali sabemos de estos riesgos que hoy el ministerio público advierte, y continuaremos trabajando por la solución. Por eso, como gobierno local, recibimos esta alerta temprana con mucha responsabilidad y toda esta información será llevada a un Consejo de Seguridad y a las demás instancias cuya intervención es requerida”, aseguró Ospina.

Afirmó que, tras lo ocurrido en el año 2021, los momentos que enfrentó la ciudad en los meses de abril, mayo y junio, “debemos concluir que somos unos sobrevivientes”. Además, resaltó que “nunca faltó el valor para llegar a espacios de contradicción, donde se enarbolaron el diálogo y los Derechos Humanos como herramientas para resolver el conflicto”.

Recordó que durante los meses mencionados, su gabinete no dejó de convocar a la comunidad internacional, a defensores, organizaciones y demás entidades para que acompañaran la búsqueda del camino adecuado que permitiera superar los problemas.

Y sostuvo que “al escuchar las palabras del defensor, Carlos Camargo, escuchamos palabras propositivas para hacer más y la empatía necesaria para superar lo que hemos tenido que vivir en Cali”.

A la presentación del escenario de riesgos y de violación de DDHH, advertido para Santiago de Cali, asistió el jefe de la Unidad de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Diego Sánchez. El funcionario explicó que dicho Consejo se llevaría a cabo en el transcurso de la tercera semana de enero.

Acompañaron al alcalde Jorge Iván Ospina los líderes de los despachos de Gobierno, Paz y Desarrollo Económico, junto a la Personería Municipal, delegados de la ONU, el Ejército, la Policía Metropolitana, la Procuraduría General y la Fiscalía.

En los datos expuestos por la Defensoría, estiman que en Cali hay más de 1'875.000 personas en situación de riesgo.

Entre los factores destacaron tres corredores criminales usados para la movilización, distribución y comercialización de estupefacientes y armas, así como el actuar de los actores armados permanentes en el territorio. Detallaron que se trata de bandas criminales, disidentes de las Farc, el ELN, las post AUC y el cartel de Sinaloa.

También indicaron que las conductas vulneratorias de mayor impacto en el territorio están los homicidios, las masacres, las amenazas, el desplazamiento, los atentados, secuestros y extorsiones, así como el reclutamiento forzado.

Sobre la población en riesgo han identificado la mayoría entre migrantes; niños y adolescentes; consejos comunitarios; comunidades indígenas y afro; personas en proceso de reincorporación; líderes sociales y defensores de DDHH y estudiantes.

El Ministerio Público hizo cerca de 40 recomendaciones, en su mayoría encaminadas a la disuasión de los contextos de amenaza, la protección y atención integral de víctimas y la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica.

Al respecto, el alcalde señaló que este escenario puede ser un buen momento para “que el país entienda que el manejo del orden, así como el de nuestra fuerza pública, no están en el ejercicio local porque se trata de fenómenos trasnacionales del delito”.

Y mencionó el crecimiento de cultivos ilícitos en localidades rurales del Cauca, la minería ilegal en la cuenca del Pacífico, los consumidores foráneos y los fabricantes de armas.

“Tomo atenta nota de lo planteado aquí y debo decir que preocupa sobre manera que una paz inacabada nos esté llevando de nuevo a escenarios que creíamos superados. Convocaremos a todas nuestras Secretarías, a nuestra Policía, nuestro Ejército y a las entidades del Ministerio Público, en el ánimo de mejorar y atender con todas las capacidades de esta Administración a quienes se encuentran en situación de riesgo, según lo expuesto hoy”, puntualizó el alcalde.

Érika Mantilla Sánchez