La Secretaría de Bienestar Social, orientada por Mariluz Zuluaga, se propone generar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los grupos indígenas que habitan en Cali y padecen la amenaza de exterminio físico y cultural, causado por el desplazamiento, la dispersión o la muerte violenta de sus integrantes.

La denuncia acerca de una violencia creciente que amenaza a los pueblos indígenas preocupa al gobierno local atento a la protección y resguardo de estas comunidades, hoy amparadas por la Corte Constitucional a través del Auto 004, una herramienta legítima para exigir la “Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento”.

Medidas de protección
“El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural y físico de numerosos pueblos indígenas del país”, afirmaron los Cabildos Inga, Yanacona, Quechua, Guambiano, Nasa y Kofan presentes en el II Foro Inti Raymi, cumplido recientemente en Cali, durante el cual adoptaron como medidas de protección el diseño de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la formulación e implementación de los Planes de Salvaguarda Étnica.

Sostienen que en el curso de la última década el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia de sus pueblos en el territorio nacional hoy en peligro de ser exterminados, cultural o físicamente, víctimas de las gravísimas violaciones a los Derechos Fundamentales Individuales y Colectivos y al Derecho Internacional Humanitario.

Agregan que el asesinato selectivo de sus líderes, de autoridades tradicionales y miembros prominentes de sus comunidades obedece al ánimo de intimidar o aterrorizar a la población o de generar desplazamiento individual, familiar o colectivo; en otras ocasiones se debe a la retaliación por oponerse a la presencia de grupos armados, por evitar que sus comunidades se involucren en el conflicto, por denunciar delitos, reclamar derechos de las víctimas o adelantar procesos de reivindicación territorial.
Jorge Andrés Pérez /sanjorge25@yahoo.com