Rechazadas acusaciones en contra del Alcalde de Cali por capturas de miembros de la Unión de Resistencia

A través del Departamento de Gestión Jurídica, la Alcaldía de Cali rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por Armando Palau en representación de la Asociación Americana de Juristas. Las afirmaciones del abogado a través de un medio de comunicación local asocian al mandatario caleño con la captura por parte de las autoridades a jóvenes que hacen parte de la Unión de Resistencia de Cali - URC.

“Esto carece de cualquier arraigo jurídico”, aseguró la directora de Gestión Jurídica, María del Pilar Cano Sterling quien agrego: “Hay que señalar que los poderes son independientes y que la rama ejecutiva que representa el señor alcalde no tiene injerencia alguna con la Rama Judicial; esta es autónoma e independiente en sus decisiones por lo que las afirmaciones realizadas son absolutamente difamatorias”, precisó.

La funcionaria agregó que estas declaraciones tipifican los presuntos delitos de injuria y calumnia, al tiempo que atentan contra el nombre y la dignidad del alcalde Jorge Iván Ospina.

“Todas las actuaciones que adelantó el mandatario de los caleños en el contexto del estallido social tienen un respaldo irrestricto en el Derecho Internacional y han sido avaladas por distintos organismos de la Justicia Contenciosa Administrativa”, señaló la funcionaria.

Frente a lo anterior, la directora del Departamento Jurídico instó al representante de la Asociación a respetar la Constitución y la Ley, así como a la ciudadanía y al mandatario. Cano hizo hincapié en que se adelantarán las acciones legales correspondientes: “De verdad que para nosotros es reprochable que un profesional del derecho, que debe conocer las normas, haga este tipo de afirmaciones sin tener los juicios elementales”.

Cabe recordar que, desde la Alcaldía de Cali y bajo el liderazgo de Jorge Iván Ospina, el único instrumento utilizado durante y después del estallido social fue el diálogo, un mecanismo que validaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado y los altos tribunales.

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