Con el propósito de articular acciones orientadas a intervenir una  problemática muy compleja que se viene presentando en la ciudad, como es la explotación minera ilegal, se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría Ambiental.

“En la zona rural tenemos dificultades de orden público muy marcadas por presencia de grupos al margen de la ley los cuales hacen más difícil una intervención por parte del Estado”, señaló el Subsecretario de Policía y Justicia, Fortunato García.

Por tal motivo, señaló el funcionario que la decisión por parte de la Secretaría de Gobierno es que este tema de vital importancia, sea analizado y asumido en un consejo de seguridad.  “De acuerdo con la competencias específicas de cada una de las autoridades, se definirán las acciones a realizar para llevar a cabo un operativo muy grande en este sector que sirva de replica para ejecutar en el casco urbano”, añadió.

Cabe anotar que éstas son explotaciones muy antiguas que datan de más de un siglo, las cuales inicialmente se hicieron de manera artesanal donde hoy en día  existen unas intervenciones con maquinaria especializada.

“Queremos recuperar la gobernabilidad sobre ese sector en el entendido  que no es solamente una responsabilidad del ente territorial municipal sino que ahí convergen autoridades del orden nacional y también las descentralizadas”, concluyó  el Subsecretario de Policía y Justicia.

Pichindé y Pance son los corregimientos más afectados, con las minas del Rosario, las de la Quebrada del Chontaduro, San Paulo y la Quebrada del Encanto.  La reunión también contó con la participación de la CVC y la Policía Ambiental y Ecológica.
Margarita Cardona /margarita.cardona