Precisamente este el caso de Carmen Díaz, una nariñense desplazada por la violencia, la cual se vio obligada con su familia (tres niños) a ocupar irregularmente los predios del separador vial de la Autopista Simón Bolívar entre carreras 57 y 60, al sur de la ciudad.

Carmen Díaz narra que llegó a Cali hace cerca de año y medio huyendo de la violencia y comenzó a vender cebolla larga en la galería Santa Elena, pero con tan poca suerte, que el negocio no le dio para pagar el arriendo y fue a parar a este lugar.

“Donde yo vivía estábamos debiendo tres meses de arriendo y tres meses de servicio, por lo que la señora nos iba a hacer lanzamiento. Entonces el Juez de Paz, Gabriel Aristizábal, nos ayudó”.

Las condiciones en que vivía no eran las mejores. Este rancho no tiene agua potable, ni luz ni alcantarillado, además, se presentaban problemas de salubridad que ponían en riesgo la vida de los pequeños.

El esposo que le acompañaba en estas tareas fue a parar a prisión. Según ella, su ex marido es inocente de los cargos de violación que le imputa su propia hija por prohibirle que se fuera a vivir con un hombre casado y con el cual tiene una niña menor de un año.

Ella es conciente de que este predio es particular, pero no tiene más opción. Sabe también que perderá el millón de pesos que logró reunir prestados para mejorar su vivienda. Sin embargo, espera que el Gobierno le dé una ayudita. Ahora, dice no tiene a dónde ir.

Como Carmen hay tres familias más en condiciones de desplazamiento que se asentaron irregularmente en este separador. Pero precisamente, la Administración Municipal realizó algunos contactos con la Arquidiócesis de Cali y logró darles albergue a estas familias hasta que realicen los trámites en Acción Social y se verifiquen que son desplazadas y puedan recibir los beneficios de subsidios que ofrece el gobierno nacional.

Tristemente, Carmen ve cómo es tumbada su casa, pues la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad debe cumplir con una disposición judicial que le ordena recuperar esos predios que son del Municipio.

“Conocemos en muchos casos la situación social que viven muchas familias, pero las vías de hecho no son la solución para acceder a vivienda digna como la merecen todos los ciudadanos”, sostuvo la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca Muñoz.

La funcionaria reiteró que la decisión de la Administración Municipal es recuperar el espacio público, pues la ciudad no puede seguir creciendo de manera desordenada ni a través de asentamientos subnormales.

Actualmente, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad adelanta otros procesos administrativos contra personas que ocupan este separador vial de la Autopista Simón Bolívar.
/Geovanny Ridriguez Chantre –grodriguez@cali.gov.co