“Debemos actuar con toda la contundencia del Estado para proteger la niñez y evitar nuevas víctimas en la ciudad y la región”: alcalde Eder durante el primer Comité de Justicia Transicional de 2026
La Alcaldía de Santiago de Cali lideró el Primer Comité Territorial de Justicia Transicional 2026 junto a organismos de control, fuerza pública, Unidad para las Víctimas y representantes de comunidades afectadas por el conflicto armado.
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La Alcaldía de Cali instaló el Primer Comité Territorial de Justicia Transicional 2026 para fortalecer la atención integral a las víctimas del conflicto armado y reforzar las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estructuras ilegales.
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Más de 300 familias del sector Brisas de Las Torres reciben acompañamiento institucional, mientras Cali consolida rutas de atención humana, territorial y diferencial para las comunidades afectadas por la violencia.
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El espacio se dejó clara la necesidad de ejecutar acciones conjuntas de prevención en temas de reclutamiento y se informó sobre el fortalecimiento de las rutas institucionales para atender oportunamente a las víctimas del conflicto armado.
Santiago de Cali, 11 de mayo de 2026
La Alcaldía de Cali realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional 2026 en la que autoridades, organismos de control, fuerza pública y representantes de la mesa de víctimas revisaron acciones para fortalecer la atención integral a la población afectada por el conflicto armado y prevenir nuevas violencias en el territorio.
Durante la instalación, el alcalde Alejandro Eder reiteró que la protección de las víctimas y la prevención del reclutamiento de menores deben ser prioridad institucional: “el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas, pero también de evitar que existan nuevas víctimas del conflicto armado y de las dinámicas criminales que afectan a la ciudad y a la región”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario destacó la importancia de fortalecer las medidas contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales, resaltando los alcances de la Ley 145 de 2024. “El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes debe ser perseguido y sancionado con toda la contundencia del Estado. La protección de la niñez tiene que ser una prioridad nacional”, señaló.
Asimismo, durante la jornada se analizaron las condiciones de seguridad en la ciudad, el impacto de las economías ilícitas, el Plan de Acción Territorial, PAT, los procesos de retorno de víctimas y la situación de reubicación del sector Brisas de Las Torres.
Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social, destacó la importancia de mantener articulación entre las entidades y las comunidades para garantizar una atención integral: “desde la Administración Distrital seguimos trabajando para garantizar una atención integral a las víctimas, fortaleciendo las rutas institucionales y acompañando a las comunidades desde un enfoque humano, territorial y diferencial”, indicó.
La subsecretaria de Atención Integral a Víctimas del Conflicto, Adriana Loaiza Guzmán, explicó que la validación del principio de seguridad para Santiago de Cali fue aprobada parcialmente debido a alteraciones del orden público en algunos sectores. “La recomendación del comité fue aprobar de manera parcial las condiciones de retorno y reubicación, especialmente en zonas con incidencia de grupos al margen de la ley”, señaló. Las restricciones se concentran principalmente en las comunas 13, 14, 15 y 21, además de algunos sectores de ladera y zonas rurales.
Frente al caso del proceso de desalojo de Brisas de Las Torres, la Administración Distrital socializó acciones de acompañamiento psicosocial, atención en salud y alternativas institucionales para más de 300 familias censadas. Este tema será analizado y revisado la próxima semana por la comunidad y las autoridades en Cali.
David García Montaño, director para el Valle del Cauca, de la Unidad de Víctimas, afirmó que: “la ciudad de Cali registra 248.361 Víctimas del Conflicto Armado entre 2025 y mayo de 2026, consolidándose como una de las principales receptoras de población víctima en el país, situación que requiere fortalecer la atención institucional y el permanente acompañamiento y las medidas de protección para las comunidades afectadas”.
Los representantes de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas y organizaciones sociales presentaron propuestas para fortalecer su participación en la construcción de políticas públicas relacionadas con su bienestar. “Debemos recordar el cumplimiento de los derechos que como Víctimas nos otorga la Constitución Nacional, para garantizar nuestro fortalecimiento comunitario, el desarrollo integral y el acceso a la oferta institucional”, reiteró Erlendy Cuero Bravo, presidenta de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas.
Con este primer comité del año, la Administración Distrital avanza en la defensa de los derechos humanos, la reparación integral de las víctimas y la construcción de escenarios de reconciliación y no repetición en la ciudad.
Ana Lucia Betancourt G.
Comunicaciones
Secretaría de Bienestar Social.