Cali podía fijar su propia tarifa del ICA: el argumento jurídico que respaldó el Consejo de Estado
| El alto tribunal rechazó la demanda de Asobancaria, tras el trabajo de sustentación adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2026
El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Cali, defendió ante la justicia que el acuerdo municipal que fijó la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero, se expidió conforme con la ley. El Consejo de Estado le dio la razón al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y rechazó la demanda de Asobancaria contra el Distrito.
Detrás de esta decisión hubo un trabajo jurídico que se sostuvo durante todo el proceso. La sentencia fue emitida el 17 de septiembre por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Lo que sustentó Gestión Jurídica Pública
La defensa del Distrito, liderada por Ana Catalina Castro, tuvo que demostrar con fundamentos legales tres puntos que el fallo confirmó…
- El acuerdo se tramitó como manda la ley. Se comprobó que el proyecto nació por iniciativa formal del alcalde y que el Concejo Municipal, al aprobar la tarifa del 23 por mil durante los debates de presupuesto, actuó dentro de sus funciones.
- Cali podía fijar su propia tarifa. La Ley 2082 de 2021 no obligaba a la ciudad a adoptar la misma tarifa de Bogotá. La norma le reconocía al Concejo un margen para definirla según las condiciones locales.
- Quedó claro el periodo de vigencia. La sentencia precisó que la tarifa estuvo vigente entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
“Nuestro trabajo fue sustentar, con argumentos jurídicos, que el acuerdo se expidió conforme con la ley y dentro de las competencias del Distrito. Que el Consejo de Estado le haya dado la razón al Tribunal del Valle, confirma que esa defensa estaba bien fundamentada”, explicó Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
Para el organismo jurídico de la Alcaldía de Cali, este tipo de procesos son parte esencial de su labor: representar y defender los intereses del Distrito, para que las decisiones de la Administración Distrital cuenten con respaldo legal cuando llegan a los estrados judiciales.
#CaliSomosTodos
Le puede interesar…
Cali podía fijar su propia tarifa del ICA: el argumento jurídico que respaldó el Consejo de Estado
Comunicaciones Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública