La rendición de cuentas es un espacio de diálogo entre las entidades oficiales y la ciudadanía, donde se pretende explicar y mantener informado al ciudadano sobre los proyectos y planes propios de su gestión, partiendo de este principio, también se apoya en los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 la cual establece la transparencia y el acceso a la información pública como un derecho de todos.

El Conpes 3654 de 2010 define el término información como la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, documentos, informes, etc, sobre las funciones a cargo de una institución o servidor, durante todo el ciclo de la gestión pública.

Según el Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 la rendición de cuentas es el proceso de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz sobre la gestión realizada, los resultados de los planes de acción, la garantía y la protección de los derechos.

Por otra parte, toda rendición de cuentas, debe tener presente tres elementos básicos para su desarrollo: Información, diálogo, responsabilidad.

En lo que respecta al elemento información, este se clasifica en: 

• Pasiva: es la que se entrega a través de las solicitudes
• Activa: es aquella a la que se le hace divulgación a través de diversos medios
• Focalizada: es información concreta, tiene un fin específico
• Colaborativa: son los datos abiertos al público.

En orientación a la política del Lenguaje Claro que permite el acercamiento del Estado con los ciudadanos y optimiza la comunicación en doble vía, la información pública tiene atributos tales como: ser comprensible, estar actualizada, permanecer disponible, que sea oportuna y además completa, es decir suficiente para la necesidad del usuario.

En ese sentido, la alcaldía de Cali en un ejercicio permanente de encuentro y conversación con los grupos de interés, entrega información clara y concreta que permite transparentar su gestión y abre caminos a la participación activa de los grupos poblacionales y colectivos sociales, que a través de la información ejercen su derecho al control social.

 

Ver anexo 

María Cristina Bedoya Gómez