En el lugar funciona desde hace más de 5 años una empresa dedicada a la fabricación de ataúdes la cual genera empleo a unas 30 personas vulnerables del sector, pero sin las condiciones necesarias de seguridad social y legalidad para operar.

De acuerdo con el subdirector de Bienes Inmuebles del Municipio, Freiber Bernal, el propietario de la empresa de ataúdes realiza pagos mensuales hasta de un $1.200.000, por el canon de arrendamiento del bien inmueble, recursos que van a parar a manos de un particular generando un detrimento patrimonial a las arcas del municipio.

“Si es un contrato de arrendamiento lo que hay aquí, el contrato de arrendamiento debe hacerse directamente con el municipio de Santiago de Cali quien en últimas es el que tiene generar las utilidades y entregar garantías sobre esos recursos a los ciudadanos caleños”, expresó el funcionario.

Precisamente el objetivo de la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio es recuperar los predios que se encuentran en manos de los particulares y adelantar con ellos un proceso de concertación para que se legalicen y si es el caso pague sus impuestos debidamente por el desarrollo de su actividad económica.

“El municipio puede adelantar directamente un proceso de arrendamiento legal, evitándose que haya intermediarios, los cuales se lucran y evaden impuestos al Estado”, aseguró.

Sin embargo para el representante de la Asociación de estudiantes afro- Rito Antonio Bermúdez Asprilla - no existe un contrato de arrendamiento y lo que entrega el propietario de la empresa son donaciones para reinvertirlos en la comunidad.

“Lo que hicimos fue un convenio entre la empresa mortuoria y la asociación que permitiera dar empleo a los muchachos de difícil acceso y condición social del sector. Además de entregarnos unas donaciones para mejorar las condiciones de los jóvenes”, explicó.

Peso a ello, el propietario de la empresa Carlos Ramiro Solarte, afirmó que sí hay convenio con la fundación, donde él es socio y aporta unos recursos. “Este era un sitio que estuvo abandonado desde 1993, no tenía cañería ni paredes, yo hice una inversión de $20.000.000 para adecuarlo, pero estoy dispuesto a irme si me devuelven esa inversión”, anotó.

Sostuvo que lo único que le pide a la Administración Municipal es que los dejen trabajar, pues por medio de la empresa ha contribuido a una labor social enseñando el arte de la ebanistería y ofreciendo empleo a personas en condición de desplazamiento y alto riesgo.

Ahora, la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Nariño reclama esa sede para convertirla en un espacio de capacitación en producción para los jóvenes a fin de que aprendan oficios y artes que les permitan desempeñar tareas y conseguir el sustento para sus familias.
Geovanny Rodríguez Chantre –grodriguez@cali.gov.co

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Foto: Germán Nieto