Todo por la construcción del complejo penitenciario, ubicado en la Hacienda San Alfonso de la vereda San Isidro corregimiento Bocas del Palo en el área semiurbana del municipio de Jamundí, donde los moradores del sector demandan el reconocimiento y resarcimiento de las secuelas negativas que pueda generar la instalación de este centro de reclusión.

Por ello constituyeron dos instrumentos de negociación: Primero, una mesa de trabajo en la cual concurren representantes del Ministerio del Interior y de Justicia, de Fonade, Defensoría del Pueblo, Inpec, Concejo Municipal de Jamundí y como invitada la Administración Municipal de Santiago de Cali. Segundo, la creación en la fase de capacitación de un consejo comunitario de negritudes.

La mesa de trabajo había tenido una sesión previa, estableciendo una agenda para este viernes 16 de enero, consistente en definir responsabilidades de las entidades, la infraestructura externa del complejo y aspectos laborales, como la generación de ingresos.

Según el Subdirector de Policía y Justicia de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Santiago de Cali, Fortunato García Wallis, los avances de la reunión no fueron significativos en términos del orden del día preestablecido, en razón a que las propuestas formuladas por los miembros de las comunidades asistentes fueron muy generalizadas, denotando mucha espontaneidad en su construcción.   

En cuanto al complejo en sí –señaló García Wallis- se debe precisar que este comprende un establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad, Establecimiento Carcelario y Reclusión de Mujeres. El mismo fue concebido atendiendo las normas de seguridad previamente establecidas para este tipo de construcciones.

Cada cárcel -continuó- es autónoma en su funcionamiento y servicios, pues se equiparará con todo el apoyo logístico y de socialización como aulas, talleres y bibliotecas. El proceso de dotación se establecerá en cuatro meses contados a partir de la terminación de la obra y será asumido por el Ministerio del Interior y de Justicia.

La intención del proyecto no es absorber la totalidad de la población carcelaria de Santiago de Cali ni ciudades aledañas, por el contrario, la pretensión es mitigar a nivel nacional el hacinamiento existente en las ciento treinta nueve (139) cárceles del país.

Por ello, concluyó el Subdirector de Policía y Justicia de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Santiago de Cali, es necesario explicarle a la comunidad que el impacto no será tan fuerte, pues se han tomado las medidas de seguridad necesarias, se puede generar empleo en el sector y las propiedades contiguas tienden a valorizarse.