Inclusión social y oportunidades, claves de la equidad en la contratación pública

“Además de satisfacer las necesidades de bienes y servicios del Estado y garantizar mejores condiciones de vida para la ciudadanía, la contratación pública tiene como propósito el cumplimiento de fines constitucionales y legales, para promover mecanismos que permitan condiciones de trabajo equitativas, al igual que el desarrollo económico y oportunidades para los sectores más vulnerables, procurando la adquisición con criterios de sostenibilidad”.

Así lo explicó la directora del Departamento de Contratación Pública, Nhora Yhanet Mondragón, quien subrayó que, para lograrlo, el Distrito de Santiago de Cali ha contemplado las cláusulas de inclusión social que incentivan la vinculación de mujeres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores próximos a cumplir la edad de jubilación y jóvenes que acceden a su primer empleo.  

En el caso particular de la licitación que se adelanta para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para el Distrito, la funcionaria explicó que se busca un impacto positivo en la generación de empleo para esta población vulnerable. Por eso dentro de la estructura de la licitación, se establece que las empresas se comprometan a destinar un porcentaje de su planta de personal a estos grupos poblacionales, iniciativa que está debidamente normada desde el Gobierno Nacional (Ley 2069) y que, además, ofrece beneficios a las entidades que las implementen, a las cuales se les asignará un puntaje adicional.

“Este proceso licitatorio se ha hecho de manera abierta y atendiendo las inquietudes de las empresas interesadas. Su implementación generará cerca de 2 mil empleos e inyectará una inversión de 27 mil millones de pesos a la reactivación económica de la ciudad”, puntualizó la directora del DACP. 

Las cláusulas de inclusión social se encuentran justificadas en la generación de oportunidades a los grupos sociales menos favorecidos. Los criterios que se incorporaron dan aplicación a la Política Pública de Compras Sostenibles y Responsables, que tiene sustento en la Constitución Política, en la Guía de Compras Públicas Sostenibles emitida por Colombia Compra Eficiente, en el Plan de Desarrollo Nacional ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, y el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 ‘Cali Unida por la Vida’.

El pliego de condiciones establece que las empresas interesadas deben estar legalmente constituidas y autorizadas, como lo exige la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada conceptuó que para cumplir el compromiso, de la magnitud que requiere garantizar la seguridad de los bienes de todos los caleños, las empresas que presenten sus propuestas deben contar con la idoneidad y profesionalismo de su personal, la legalidad y reconocimiento de la Superintendencia, además de un respaldo tecnológico de punta que responda a las necesidades de seguridad que demanda la Alcaldía de Cali.

La directora ejecutiva de este gremio, Claudia Marcela Giraldo, indicó que para contratar con el Estado las empresas de seguridad deben tener muy presente las exigencias en cuanto a su organización empresarial, la capacitación permanente, los permisos legales para el uso de armamento y un compromiso con la calidad del servicio. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra Pública, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establecen que para contratar con el Estado las empresas deben contar con licencia vigente de funcionamiento, expedida por la Superintendencia. 

Esta licitación culminó su etapa de respuesta a las observaciones al pliego de condiciones, las cuales fueron formuladas por las empresas interesadas en el proceso. Actualmente está en curso la fase de presentación de ofertas, que se extiende hasta el próximo miércoles 17 de febrero.