Área Protección al Consumidor


 

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FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

 

De acuerdo a la normatividad, la función de la oficina es:

1. Realizar  la función de Control y vigilancia, a través de visitas verificando lo siguiente:

  • Cumplimiento  al reglamento técnico de: confecciones, calzado, etiquetado y pre empacados, conforme a ley.

  • Ejercer el control metrológico sobre los instrumentos y métodos de medida para velar por su exactitud,  contribuyendo a la protección de los consumidores y la prevención de fraudes en: Supermercados,  Estaciones de servicio, etc. (control de Pesas y Medidas)

  • Realizar visitas de control, conforme a la Ley de Antitabaco.

  • Realizar visitas de control a establecimientos de comercio para verificar el cumplimiento de la publicidad de Lista de Precios de productos al consumidor (Parqueaderos, Estaciones de Servicio, supermercados) y que no haya lugar a publicidad engañosa en cuanto a promociones y oferta de productos y servicios ofrecidos.

2. Verificar las Resoluciones enviados por la DIAN  para procesos de  sanción, cuando haya lugar a ello.

3. Recepcionar las quejas que presenten los consumidores contra establecimientos de comercio con domicilio en Cali, por violación del estatuto del consumidor y sustanciar a través del procedimiento verbal y sumario aquellas que estén acordes con las atribuciones señaladas en los numerales: 1,3, 4 y 10 del art. 59 de la ley 1480 de 2011.

4. Brindar asesoría y atención al público en general sobre el Estatuto del Consumidor – ley 1480 de 2011.Entregando material alusivo de la SIC y del que posea la oficina sobre el tema.

5. Notificar actuaciones de la SIC, cuando dicha entidad lo requiera y acompañarlos en las visitas de control y vigilancia que adelanten en la Ciudad.

6. Brindar capacitación sobre el Estatuto del Consumidor a la comunidad en general, a través de jornadas pedagógicas o en el proceso ordinario de atención al público (presencial o vía telefónica).

7. Proyectar las resoluciones de reconocimiento de las ligas de consumidor que se constituyan conforme lo preceptúa el Decreto 1441 de 1982, siempre y cuando las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos.

 

METROLOGÍA LEGALComprende las actividades de control oficial a cargo del Estado en cuanto a:

•Verificación de pesas e instrumentos de pesaje.

•Verificación de cintas métricas.

•Verificación de surtidores de combustible.

•Verificación de productos pre-empacados.

•Control de escape de gases de automóviles.

•Taxímetros, Cilindros de gas, Contadores Eléctricos, y contadores de agua y de gas.

 

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¿QUÉ COMPRENDE LA METROLOGÍA LEGAL?

· Aprobación de modelo de instrumentos controlados.

· Definición y divulgación del Sistema internacional de unidades (S.I).

· Control metrológico de instrumentos de medición.

· Control de contenido de producto en pre empacados.

 

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MARCO LEGAL, OBJETO DE EXISTENCIA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

El artículo 62 de la Ley 1480 de 2011 preceptúa: “ARTÍCULO 62. FACULTADES DE LOS ALCALDES. Los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio.”  

Es necesario resaltar que la enunciación de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio está contenida en el artículo 59 de la citada ley.   

En materia de sanciones, las alcaldías municipales podrán imponer multas de hasta cien (100) salarios mínimos, tal y como lo dispone a continuación el mismo artículo:

“Para ello podrán imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Cuando el alcalde considere procedente imponer una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, remitirá lo actuado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que decida…”

Acorde con lo anterior, las alcaldías tienen, dentro de su jurisdicción, las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que tiene la SIC.

Es importante considerar que las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentran definidas en el artículo 59 de la mencionada Ley 1480, y todas y cada una de ellas muestran que su intención es la protección efectiva de los consumidores en el territorio nacional.

Ahora bien, aquí se hace necesario hacer una precisión, pues el artículo transcrito, a pesar de señalar que los alcaldes tienen las mismas facultades que la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del texto señala que:

cuando el alcalde considere procedente imponer una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, remitirá lo actuado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que decida”, lo que nos lleva a concluir que los alcaldes, dentro de su jurisdicción podrán dar inicio a investigaciones que estén relacionadas con las mismas facultades que en materia de protección al consumidor tenga la Superintendencia, pero que para la toma decisiones diferentes al límite sancionatorio de 100 salarios mínimos, deberán remitir el expediente a la esta Entidad.

También es importante considerar que este artículo dispone que “las facultades que se han otorgado a los alcaldes son “las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio”, por tanto, aquellas que no están referidas al control y vigilancia, sino que tienen como objeto impartir instrucciones o dar órdenes, no podrían ser ejercidas por los alcaldes.

Las facultades administrativas de la Superintendencia están contenidas en el artículo 59 del Estatuto, en los siguientes términos:

“1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas;

“2. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en materia de protección al consumidor, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su aplicación;

“3. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la investigación correspondiente. Para los efectos de lo previsto en el presente numeral, se podrá exigir la comparecencia de la persona requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para este efecto en el Código de Procedimiento Civil;

“4. Practicar visitas de inspección así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la presente ley;

“5. Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer la información que deba indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla así como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores;

“6. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones contenidas en esta ley o de aquella relacionada con productos que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores.

“7. Solicitar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una orden previamente impartida;

“8. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un término de sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no cumple el reglamento técnico.

“9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.

“10. Difundir el conocimiento de las normas sobre protección al consumidor y publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas por violación a dichas disposiciones y las causas de la sanción. La publicación mediante la cual se cumpla lo anterior, se hará por el medio que determine la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y será de acceso público;

“11. Ordenar la devolución de los intereses cobrados en exceso de los límites legales y la sanción establecida en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, en los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios mediante sistemas de financiación o en los contratos de crédito realizados con personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia en la actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular.

“12. Ordenar al proveedor reintegrar las sumas pagadas en exceso y el pago de intereses moratorios sobre dichas sumas a la tasa vigente a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo, en los casos en que se compruebe que el consumidor pagó un precio superior al anunciado.

“13. Definir de manera general el contenido, características y sitios para la indicación pública de precios.

“14. Ordenar modificaciones a los clausulados generales de los contratos de adhesión cuando sus estipulaciones sean contrarias a lo previsto en esta ley o afecten los derechos de los consumidores.

“15. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir según la naturaleza de los bienes y servicios, medidas sobre plazos y otras condiciones, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios.

“16. Fijar el término de la garantía legal de que trata el artículo 8 de la presente ley para determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario.

“17. Fijar el término por el cual los productores y/o proveedores deben disponer de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para garantizar el buen funcionamiento de los bienes que ponen en circulación, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 11 de la presente ley.

“18. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y servicios, mientras se expiden los reglamentos técnicos correspondientes cuando encuentre que un producto puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los consumidores.

En desarrollo de las funciones que le han sido asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio esta propenderá por difundir, informar y capacitar en materia de protección al consumidor.

Así las cosas, en examen detallado del referenciado artículo 59, las atribuciones contenidas en los numerales del 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 serían de competencia exclusiva de esta Superintendencia, pues todas ellas están referidas a instrucciones. Solamente podrán ser ejercidas por la Alcaldía de Cali, a través de la Oficina de Protección del consumidor las señaladas en los numerales: 1,3, 4 y 10.

Frente a la posibilidad sancionatoria de los alcaldes ante una instrucción impartida por la citada Superintendencia, debemos considerar que las instrucciones son actos administrativos de carácter general emitidos con base en facultades legales, que para la Entidad se encuentran establecidas en el numeral 61 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, donde se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función de " impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación".

En ese orden de ideas, la facultad de instrucción dirigida a los entes vigilados es la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

Como se ha expresado, los alcaldes no tiene facultades de instrucción, por tanto, no podría impartirlas, pero sí están obligados en sus decisiones, tener como como parte del sustento jurídico las instrucciones que con base en sus atribuciones legales haya impartido esta Superintendencia  y que estén referidas a los asuntos de consumidor.

No se contempla dentro de las competencias dadas a los alcaldes la acción jurisdiccional, la cual es de competencia exclusiva de la Superintendencia de industria y comercio, conforme a los artículos 56 Numeral 3 en concordancia con el procedimiento señalado en el art. 58 de la ley 1480 de 2011. La Secretaría de Seguridad y Justicia,  a través de la Oficina de Protección del consumidor, lo que ha acordado con la SIC es realizar procesos de facilitación y de traslado de quejas y orientar al consumidor para que interponga la acción ante dicha entidad de forma directa.

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MARCO NORMATIVO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

  • LEY 1480 DE 2011- ESTATUTO DEL CONSUMIDOR, artículo 62.

  • DE  JULIO 21 DE 2009- LEY ANTITABACO

  • DECRETO NACIONAL NO. 1441 DE 1982 (Ligas y Asociaciones de Consumidores).

  • CIRCULAR ÚNICA NO. 10 DE  2001, TITULO II DE LA  SIC

  • DECRETO 2876 DE 1.984(CONTROL PRECIOS).

  • DECRETO 2269 DE 1.993 (METROLOGÍA LEGAL).

  • DECRETO MUNICIPAL NO. 0203 DE 2001, ARTÍCULO 191, NUMERAL 9: “Son funciones del Alcalde: Cumplir los trámites y acciones necesarios para velar por el cumplimiento de las normas de policía vigentes sobre protección al consumidor, control de calidad, precios, pesas y Medidas”

  • DECRETO MUNICIPAL 4110.20.320 DE MAYO 18 DE 2011, “Por medio del cual se hace una delegación”,  estableció en su artículo segundo, que el Alcalde de Santiago de Cali delego en el Subsecretario de Convivencia y Seguridad la facultad contenida en el artículo 4 del Decreto 1441 de 1982, referentes a la Constitución  y Reconocimiento de las Ligas de Consumidores.

  • ACUERDO MUNICIPAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

 

Aspectos importantes a tener en cuenta en el momento realizar la queja:

1. La queja se debe presentar por escrito en original y copia con los respectivos anexos, facturas, recibos o constancias. Debe realizarla la persona que realizó la compra y aparece en la factura.

Es muy importante firmar la queja, relatar los hechos que originan la queja y la información completa de la persona o institución a la cual va dirigida la queja con dirección y teléfono.

2. La queja se puede presentar en la oficina de atención al ciudadano QAP como derecho de petición en el centro administrativo Municipal CAM o a través de portal de la Alcaldía www.cali.gov.co.

3. La queja debe contener: nombre completo de la persona que presenta la queja, número de identificación, dirección y número de teléfono fijo.

 

Teléfono 6530468

Calle 14 Número 6 N 23

Edificio San Marino, Oficina 902

 

 

 

 

 

 

 

 


Nombre:
PREGUNTAS_Y_RESPUESTAS_CONSUMIDOR.pdf 0.06Mb
Descripción:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS


Nombre:
310_CONSEJO_MUNICIPAL_CALI_2010.PDF 1.87Mb
Descripción:

ACUERDO 310 DE 2010 CREACION DEL CONSEJO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SANTIAGO DE CALI


Nombre:
DECRETO_411.0.20.0643.PDF 2.52Mb
Descripción:

REGLAMENTO CONSEJO CONSUMIDOR


Nombre:
formato_queja_proteccion_junio_21-2011.pdf 1.19Mb
Descripción:

FORMATO QUEJA CONSUMIDOR



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Fecha de publicación 04/06/2010
Última modificación 02/05/2018

Versión 7.0.1

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