Abogados del Municipio actualizan sus conocimientos sobre riesgos en lo público

El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica de la Alcaldía capacitó a un centenar de abogados de la Administración Municipal que la asisten en representación legal, en aras de defender los recursos públicos y hacer un análisis de las causas generadoras de daño antijurídico, que como lo definiera  la Corte Constitucional -es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar-.

María Juliana Miller, abogada del organismo jurídico en el Municipio señaló que esta jornada permitió ahondar más en el conocimiento y el fortalecimiento del proceso de gestión jurídica, toda vez que permite identificar los medios de control más utilizados en contra de la administración local, así como revisar las estrategias de defensa, emprendidas por los abogados que lleven representación.

Reiteró con base en la literatura jurídica que el daño antijurídico no es más que aquel que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, pues no existe o no se presenta ninguna causal que justifique la producción del mismo por parte de la administración, motivo por el cual, conlleva a una lesión patrimonial injusta. 

Igualmente, este espacio de análisis brinda las herramientas cognitivas para determinar aspectos de suma importancia de tipo sustancial y procesal, que afectan de manera directa el desarrollo del proceso, con el propósito de lograr mejores resultados en defensa de los intereses del Municipio de Santiago de Cali.

Miller también argumentó que cuando se identifican las causas que generan el daño antijurídico, la Administración Municipal utiliza este insumo para generar estrategias de defensa y a su vez estudiar, analizar y formular políticas de prevención, a través del comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Otro aspecto que resalto de esta capacitación, es el acompañamiento que hizo la Oficina Asesora de Transparencia del Municipio, desde donde se sensibilizó a los abogados en ética y compromiso institucional, lo que es una acción asociada al control que permite que los riesgos de corrupción formulados en el mapa de riesgos del proceso no se materialicen y atenten contra las intereses del ente territorial.

Gustavo Sánchez