Aplicación Ley de Garantías Electorales

Aplicación ley de garantías electorales 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, mediante circular estableció las pautas para cumplir las restricciones a la contratación pública establecidas en la Ley de garantías electorales (L. 996 de 2005).

En la mencionada circular se indicó que la prohibición de que trata el artículo 33 de la Ley de Garantías está referida exclusivamente a la contratación directa, advirtiendo que los contratos o convenios interadministrativos son una forma de contratación directa.

Por lo anterior, los procesos de contratación en los cuales la entidad seleccione al contratista a través de cualquier otra modalidad de selección están permitidos.

Así mismo, se señaló que la prohibición para la contratación directa con ocasión de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 25 de mayo de 2014 opera a partir del 25 de enero de 2014 y hasta la elección del Presidente de la República, para todas las entidades del Estado sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.

En este sentido, si en las elecciones presidenciales, el Presidente o el Vicepresidente de la República es candidato, la prohibición para la contratación directa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repùblica, inicia a partir del 25 de noviembre de 2013.

De otra parte, advierten que la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos con gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital está prohibida desde el 9 de noviembre de 2013 y hasta que termine la campaña electoral a la Presidencia.

Finalmente, en la circular se indica que las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de los contratos suscritos antes del período de la campaña presidencial están permitidas durante la campaña de acuerdo con lo establecido en las normas aplicables, siempre que tales prórrogas, modificaciones o adiciones, y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.