Emru continuará su gestión social en El Calvario y San Pascual

Tras conocer el fallo del juzgado penal que suspende el desalojo de los indígenas Embera, la gerente de la Emru, María de las Mercedes Romero aclaró que no ha existido, ni existirá desalojo de esta comunidad en el Barrio El Calvario e insistió en el trabajo de gestión social que se realiza con todos los actores asentados o involucrados en este sector de Cali.

La arquitecta, que lidera el proceso de renovación urbana en el Centro de Cali enfatizó que la Administración en conjunto y dependiendo de las responsabilidades, ha articulado los esfuerzos y la gestión para desarrollar cada uno desde sus competencias las actividades encaminadas a garantizar el retorno a su población de origen en Pueblo Rico, Risaralda.

“Ellos están en unas condiciones difíciles y han manifestado su voluntad de retornar a su lugar de origen. Eso se hace en coordinación con las instancias del orden municipal y nacional lo cual requiere tiempo; paralelalemente se les brinda  atención básica y la ayuda que necesitan en salud, alimento y otras necesidades primarias” manifestó.

Frente al plan de gestión social, puso de manifiesto que este cumple con los postulados tanto de la Ley como del Plan de Desarrollo Municipal actual y tiene como objetivo “mitigar los impactos  socioeconómicos que el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso pueda tener sobre la población de esta zona; en este caso específico los barrios El Calvario y San Pascual” argumentó la gerente.

El plan de gestión social incluye acompañamiento personalizado, articulación  con la ruta institucional de programas y servicios y la visibilización de las condiciones del sector que permiten sumar apoyo intersectorialmente. Para la funcionaria pública “lo primero es diferenciar los impactos que tiene el proyecto de renovación urbana  y los hallazgos históricos de exclusión social, como la presencia de personas de calle y en calle, prostitución, desplazados y  drogadicción entre otros, que están asentados desde hace mucho tiempo y que debe ser resueltos de manera articulada por el Estado” enfatizó.

Aclaró que el proyecto de renovación urbana es una oportunidad de inclusión social de estos grupos poblacionales, para que puedan acceder a toda la oferta que el Municipio tiene para la población vulnerable.

Los programas sociales trazados por el Municipio, según la funcionaria, para algunos no están al alcance, porque no cuenta con los documentos de identificación del Estado como registro de nacimiento, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía.

“Sin esta base no podrían vincularse al Sisbén o a otro tipo de programas sociales, brigadas y subsidios”. “Los impactos directos por de la renovación urbana son atendidos en el marco del Plan de Gestión Social del Proyecto, este se articula con  las otras dependencias de la administración como Vivienda, Salud, Bienestar Social o Asesoría de Paz, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población” concluyó la funcionaria.

Anna María Castro Casas