Sigue discusión del mínimo vital para población menos favorecida

Sigue discusión del mínimo vital para población menos favorecida

En el estudio del proyecto de acuerdo que pretende garantizar 6 m3 de agua potable a la población más vulnerable de la ciudad, se revisó la posibilidad de entregar este beneficio según el puntaje del Sisbén y de ubicar macromedidores en asentamientos humanos de desarrollo incompleto.

Respecto a la primera opción, esta propuesta con la que actualmente se provee a un sector de  habitantes de Medellín, hace que de asumirse en Cali no se llegue a un universo amplio de la población, según manifestó León Darío Espinosa, director de Planeación Municipal.

“Por Sisbén inicialmente se cubriría a los que sean suscriptores. Previa la identificación de la población a beneficiar según este parámetro, se cruzan las bases de datos con las Empresas Públicas, que es la encargada de hacer la autorización de la tarifa nueva. Pero no toda la población Sisbén 1 es beneficiara del mínimo vital, porque tienen deuda de servicios públicos, o porque no cuentan con un medidor oficial, o porque la dirección no coincide con la base de datos de la empresa y no se puede realizar el cruce”, explicó Espinosa Restrepo.

Indicó que “si se adopta por Sisbén sería necesario saber qué puntaje se va a entregar a las familias que cubriría el mínimo vital e irlo aumentando, gradualmente”.

Defendió como metodología de suministro del mínimo vital la estratificación socioeconómica “Este sería el mejor sistema, sin negar que podrían surgir otros como el que aplica Medellín, pero que sigue en evaluación. Lo que quiere Cali es ofertar un mínimo vital que cubra a gran parte de la población estratos 1 y 2”, indicó Espinosa.

La otra propuesta que surgió en la Comisión del Plan y Tierras donde se discute la iniciativa, fue la localización de macromedidores en los asentamientos de desarrollo humano incompleto, donde se encuentran cerca de 27.000 familias asentadas, con casi de 135.000 potenciales beneficiarios.

Para concejales como Fernando Tamayo, con ello se garantizaría el derecho fundamental a los habitantes de estos asentamientos, una posición respaldada por los ponentes Harvy Mosquera y Uriel Rojas.

Al respecto, León Darío Espinosa manifestó que cuando se localiza un macromedidor se debe contar con el apoyo y la responsabilidad de representantes de ese grupo poblacional, que deben responder por el consumo.

“Se pueden instalar mientras se reubica a las personas asentadas en zonas de riesgo no mitigable, que en últimas es lo que se tiene que hacer, una vez se cuente con los recursos económicos para ello”, concluyó.

Anna María Castro Casas
 


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Fecha de publicación 23/09/2014
Última modificación 23/09/2014

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